Prefiero pensar que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo, fue malinterpretado con sus declaraciones sobre la investigación del proceder de dos juezas que dispusieron la libertad de varias personas.
Según le atribuye Listín Diario, el primer vicepresidente de la Suprema Corte calificó como una imprudencia la decisión de la magistrada de Puerto Plata de disponer la libertad de 31 agentes policiales acusados de proteger narcotraficantes y de la de San Cristóbal por excarcelar a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, sobrino de Quirino Paulino Castillo, acusado de matar a un ciudadano español.
La magistrada Rosa Francia Liriano, de la Cámara Penal de Puerto Plata, dejó en libertad a los 31 ex miembros de la Policía bajo el alegato de que su apresamiento fue irregular, mientras que la doctora Regina Carvajal Vizcaíno es investigada por otorgar la libertad provisional bajo fianza al acusado de matar el año pasado al español Adolfo Cervantes
Según esas mismas declaraciones, el doctor Luciano Pichardo entiende que hay una falta de cuidado de algunos jueces que cometen imprudencias “y quieren darle cumplimiento a la ley de manera estricta”.
Si eso no es una metida de pata, está muy próximo a serlo porque creí que aplicar de manera estricta la ley es el papel a que están llamados los jueces y es, precisamente, lo que enseñan en la Escuela Nacional de la Judicatura.
En sus desafortunadas declaraciones el doctor Luciano Pichardo dice que “una pequeña violación a una disposición procesal no puede dar lugar a que elementos como estos salgan en libertad”. Pero ven acá, no dizque la ley es ciega y debe ser aplicada a todos por igual.
Este comentario no es una defensa a las juezas enjuiciadas, porque no conozco personalmente a ninguna de las dos, aunque al menos de la de San Cristóbal me han llegado informaciones de su seriedad y de su forma correcta de proceder. Tengo entendido que la Constitución, el Código Procesal y tratados internacionales prohíben a los jueces prejuzgar.
Creo que los juicios de valor emitidos por el juez de la Suprema Corte de Justicia son desacertados para un magistrado de tan alta investidura porque constituyen una condena a priori de dos funcionarias que verán en ese tribunal su última instancia para reivindicar su dignidad o vivir el resto de sus días bajo el escrutinio público.
Según le atribuye Listín Diario, el primer vicepresidente de la Suprema Corte calificó como una imprudencia la decisión de la magistrada de Puerto Plata de disponer la libertad de 31 agentes policiales acusados de proteger narcotraficantes y de la de San Cristóbal por excarcelar a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, sobrino de Quirino Paulino Castillo, acusado de matar a un ciudadano español.
La magistrada Rosa Francia Liriano, de la Cámara Penal de Puerto Plata, dejó en libertad a los 31 ex miembros de la Policía bajo el alegato de que su apresamiento fue irregular, mientras que la doctora Regina Carvajal Vizcaíno es investigada por otorgar la libertad provisional bajo fianza al acusado de matar el año pasado al español Adolfo Cervantes
Según esas mismas declaraciones, el doctor Luciano Pichardo entiende que hay una falta de cuidado de algunos jueces que cometen imprudencias “y quieren darle cumplimiento a la ley de manera estricta”.
Si eso no es una metida de pata, está muy próximo a serlo porque creí que aplicar de manera estricta la ley es el papel a que están llamados los jueces y es, precisamente, lo que enseñan en la Escuela Nacional de la Judicatura.
En sus desafortunadas declaraciones el doctor Luciano Pichardo dice que “una pequeña violación a una disposición procesal no puede dar lugar a que elementos como estos salgan en libertad”. Pero ven acá, no dizque la ley es ciega y debe ser aplicada a todos por igual.
Este comentario no es una defensa a las juezas enjuiciadas, porque no conozco personalmente a ninguna de las dos, aunque al menos de la de San Cristóbal me han llegado informaciones de su seriedad y de su forma correcta de proceder. Tengo entendido que la Constitución, el Código Procesal y tratados internacionales prohíben a los jueces prejuzgar.
Creo que los juicios de valor emitidos por el juez de la Suprema Corte de Justicia son desacertados para un magistrado de tan alta investidura porque constituyen una condena a priori de dos funcionarias que verán en ese tribunal su última instancia para reivindicar su dignidad o vivir el resto de sus días bajo el escrutinio público.



