Al Acecho

Al mejor estilo del doctor Joaquín Balaguer el presidente Leonel Fernández introdujo ayer cambios en instituciones públicas, algunas de las cuales habían sido objeto de cuestionamientos por el desempeño de sus incumbentes.
Al igual que como hacía el presidente Balaguer, el mandatario no destituyó a aquellos funcionarios a quienes se les señalaban actos de corrupción, sino que los movió hacia otras posiciones o, en su defecto, les creó asesorías o secretarías de Estado en que se resguarden para el mantenimiento de su estilo de vida.
El movimiento que provocará más especulaciones y conjeturas es la designación del empresario Celso Marranzini al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en sustitución del ingeniero Radhamés Segura, quien fue designado asesor del Poder Ejecutivo en asuntos energéticos.
El industrial y el ingeniero Segura se habían enfrentado hace poco en una polémica pública en torno a la crisis eléctrica y que tiene como eje central la privatización o no del sistema energético.

Mediante decreto número 599-09 el presidente Fernández produjo un intercambio de funciones entre el licenciado Héctor Rodríguez Pimentel y el ingeniero Frank Rodríguez en las direcciones del el Instituto Agrario Dominicano y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, institución ésta en donde habían sido denunciados actos de corrupción.
Otra institución objeto de cuestionamientos es la Lotería Nacional cuyo incumbente, José Francisco Peña Guaba, fue removido a la Autoridad Portuaria Dominicana. El doctor José Joaquín Bidó Medina, tras ser ser señalado como inoperante, fue sustituido en la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción por el doctor José Marino Vinicio Castillo, quien había reclamado al presidente mayor energía en el combate contra ese flagelo.
Esos primeros cambios introducidos por el presidente Fernández podrían, incluso, tener repercusiones políticas ya que algunos aliados políticos, como Andrés Vanderhorts, fueron dejados sin funciones y es seguro que los seguidores de estos queden en igual situación con las remociones que se avecinan en esas instituciones.
Al menos en el caso de la CDEE hay que esperar para ver los resultados de la jugada política porque sólo el tiempo se encargará de demostrar si a Marranzini le han echado una vaina o su nombramiento es el resultado de una verdadera voluntad del presidente Fernández por la búsqueda de soluciones al problema eléctrico que ya tiene a muchos a punto de coger el monte.

Hay muchas especulaciones en torno a las masivas asambleas celebradas ayer por el Partido Reformista Social Cristiano y una facción que se atribuye ser representante de los balagueristas auténticos.
Una de las más socorridas es la de que esa organización constituye el as bajo la manga del presidente Leonel Fernández para, en caso de que la Constitución se lo permita, una eventual repostulación si es que no puede hacerlo por el Partido de la Liberación Dominicana.
De ser así eso explicaría los millonarios recursos invertidos para la celebración de las asambleas celebradas por el PRSC en su local que escogió al canciller Carlos Morales Troncoso como presidente y la realizada en el club San Carlos por la facción liderada por el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel que declaró a Fernández como el “líder viviente” de esa organización.
Conocedores de las lides políticas establecen que en la movilización de activistas y el montaje de las dos actividades políticas fueron invertidos no menos de 20 millones de pesos y hay la presunción de que una buena parte, sino todos, salieron de instituciones oficiales.
El hecho es que con la escogencia de Morales Troncoso como presidente del PRSC y del ingeniero Rodríguez Pimentel en el mismo cargo de la otra facción, esa organización queda en manos del Gobierno y todos sabemos lo que eso significa en un país tan acostumbrado al clientelismo, a la cultura de las funditas y cajitas y al pase de factura.
El tiempo dirá si el presidente Fernández se rige por las ideas del profesor Juan Bosch, a quien tanto dicen recordar, o, por el contrario, su comportamiento estará marcado por las actuaciones del doctor Joaquín Balaguer.

El 14 de marzo del 2001 escribí un artículo en El Nacional en el que señalaba que “A las autoridades pasadas se les fue la mano al conceder a nacionales y extranjeros licencias para la realización de sorteos de lotería en sus diferentes denominaciones”.
En esa ocasión felicitaba al presidente Hipólito Mejía por dictar el decreto 323-01 que prohibía la celebración de sorteos diarios y los limitaba a los miércoles y domingo de cada semana. Posteriormente escribí otro artículo en que le criticaba por haber echado esa disposición hacia atrás y daba riendas sueltas a los juegos de azar.
“Es inconcebible que un partido como el de la Liberación Dominicana, en quien muchos teníamos cifradas grandes esperanzas, promoviera y respaldara tantos juegos de azar y se olvidara que ahondaba la pobreza de ese pueblo al que había prometido servir”. Eso escribí en el artículo en cuestión.
Si alarmante era la situación en ese momento, la cantidad de permisos para operar juegos concedidos en esta nueva gestión del PLD alcanza ahora la categoría de escándalo.
Y es que no sólo es la Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), del senador del PRD Pedro Alegría, con su dos veces a la semana “sorteo millonario –pa’ volverte loco”. Esta también trae consigo rifas diarias de “quiniela-palé, “nacional”, “super palé, “Loto-pool” y “super Kino”.
También está la Loto Real, de empresarios de Santiago, con su dos sorteos semanales de “loto real” y a diario con sus “quiniela real”, “quiniela nacional”, “super palé real” , “tripleta millonaria real” y su ”pega 4 real”.
La venta de ilusiones se multiplica con el inicio de operaciones de Loteka, una nueva empresa de lotería electrónica del síndico de Santo Domingo Este y dirigente del PLD Juan de los Santos, que trae los sorteos de “mega líneas”, mega quinielas”, “mega palé´”, “mega tripleta” y “mega tripleta exacta”.
Además de todos esos sorteos están los de la Lotería Nacional, que dirige el señor José Francisco Peña Guaba, quien hace poco tuvo el descaro de pedirle a los padres que no utilicen el dinero del sustento familiar en juegos de azar. Es decir les da un golpe con un garrote y luego les pasa la mano.
Como si fuera poco las bancas están repletas de jugadores que apuestan a las carreras de caballos, jugadas de béisbol, baloncesto, fútbol y hasta de hockey sobre hielo, un deporte que se practica en una pista helada que nunca hemos tenido por aquí.
Creo que a las autoridades se les ha ido la mano con la concesión de permisos para este tipo de actividades. Tal y como escribí en el 2001 “es hora de iniciar una cruzada moralizante que permita a nuestros hijos basar en el estudio y la preparación técnica sus ansias de superación”.

Si hay un período del año que lleva preocupaciones al seno de la familia ese es el de la actual temporada de vacaciones escolares que también sirve de preparación a lo que será el próximo año escolar.
Y es que los meses de julio y agosto, cuando nuestros hijos están fuera de las aulas, se incurre en mayores gastos en el hogar sin contar si usted es de los que se va de vacaciones al extranjero o a los resorts del Este o el Norte del país.
Está fuera de todo presupuesto el gasto en que se incurre para esta temporada en la preparación de los muchachos para el inicio del año escolar debido a la carestía de uniformes y al alza desproporcionada de los textos escolares.
Un ingrediente que tiende a incrementar los gastos es el cambio de uniformes y textos en las escuelas y colegios del país sin que al parecer la Secretaría de Educación, Pro consumidor ni ningún otro organismo salgan en defensa de la familia dominicana.
Con la utilización de los mismos textos escolares los padres y tutores tenían la posibilidad de realizar algún rejuego con el aporte de algún dinero extra. Sin embargo al cambiar de casas editoras sólo hay que limitarse a guardar los libros viejos para consultas o recortar láminas para una que otra tarea.
Ha quedado en el pasado aquella disposición del uniforme escolar único adoptada durante uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Es increíble, resultante de una gran negocio, que se permita a los colegios el cambio de colores en los uniformes de manera que no se pueda utilizar los del año pasado aun estén en buenas condiciones.
El negociazo con los libros de texto comenzó cuando se permitió a las editoras incluirles cuestionarios al final de cada capítulo y se exigía completarlos a bolígrafo de forma que no pudieran ser borrados y utilizados al año siguiente. Tras las quejas se decidió hacer cuadernillos adicionales de cada materia que muchas veces no eran utilizados.

Antes usted pagaba nueve meses en los colegios. Ahora, aunque no se imparte docencia, debe pagar el mes de junio para entregarle las notas y las clases comienzan en agosto, a finales, para obligarle a pagar ese mes. Es decir sólo el mes de julio queda exento de pago.
Cada año surgen nuevas formas de afectar a las familias y, lógicamente, de beneficiar a las grandes editoras. Mientras, el sueldo número 14 que ayudaría a las familias a costear los gastos escolares fue vetado por el presidente Leonel Fernández tras su aprobación por parte del Congreso. Ahora se alega que ese consumo será deducible de impuestos.
Es decir usted tiene que bravear para preparar los muchachos para la escuela y luego coger lucha con Juan Hernández y su gente de la Dirección General de Impuestos Internos para recuperarlos. ¡Hasta cuándo!

Prefiero pensar que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Luciano Pichardo, fue malinterpretado con sus declaraciones sobre la investigación del proceder de dos juezas que dispusieron la libertad de varias personas.
Según le atribuye Listín Diario, el primer vicepresidente de la Suprema Corte calificó como una imprudencia la decisión de la magistrada de Puerto Plata de disponer la libertad de 31 agentes policiales acusados de proteger narcotraficantes y de la de San Cristóbal por excarcelar a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, sobrino de Quirino Paulino Castillo, acusado de matar a un ciudadano español.
La magistrada Rosa Francia Liriano, de la Cámara Penal de Puerto Plata, dejó en libertad a los 31 ex miembros de la Policía bajo el alegato de que su apresamiento fue irregular, mientras que la doctora Regina Carvajal Vizcaíno es investigada por otorgar la libertad provisional bajo fianza al acusado de matar el año pasado al español Adolfo Cervantes
Según esas mismas declaraciones, el doctor Luciano Pichardo entiende que hay una falta de cuidado de algunos jueces que cometen imprudencias “y quieren darle cumplimiento a la ley de manera estricta”.
Si eso no es una metida de pata, está muy próximo a serlo porque creí que aplicar de manera estricta la ley es el papel a que están llamados los jueces y es, precisamente, lo que enseñan en la Escuela Nacional de la Judicatura.
En sus desafortunadas declaraciones el doctor Luciano Pichardo dice que “una pequeña violación a una disposición procesal no puede dar lugar a que elementos como estos salgan en libertad”. Pero ven acá, no dizque la ley es ciega y debe ser aplicada a todos por igual.
Este comentario no es una defensa a las juezas enjuiciadas, porque no conozco personalmente a ninguna de las dos, aunque al menos de la de San Cristóbal me han llegado informaciones de su seriedad y de su forma correcta de proceder. Tengo entendido que la Constitución, el Código Procesal y tratados internacionales prohíben a los jueces prejuzgar.
Creo que los juicios de valor emitidos por el juez de la Suprema Corte de Justicia son desacertados para un magistrado de tan alta investidura porque constituyen una condena a priori de dos funcionarias que verán en ese tribunal su última instancia para reivindicar su dignidad o vivir el resto de sus días bajo el escrutinio público.